El Congreso de EE. UU. investiga el destino de los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Legisladores estadounidenses fiscalizan la administración de miles de millones de dólares comercializados tras el control del mercado energético.
WASHINGTON D. C. — El Congreso de los Estados Unidos inició una investigación formal para determinar la administración y el destino final de los recursos económicos generados por la comercialización del petróleo venezolano. La pesquisa busca esclarecer el manejo de los fondos recaudados por el Departamento del Tesoro estadounidense tras la reestructuración del esquema de exportaciones de hidrocarburos de la nación suramericana y la flexibilización de sanciones energéticas.
De acuerdo con reportes periodísticos e investigaciones publicadas por el diario español ABC y el británico Financial Times, la Administración estadounidense ha fiscalizado operaciones petroleras estimadas en más de 13.000 millones de dólares en lo que va del año. Sin embargo, congresistas de ambos partidos y diversos analistas económicos señalan opacidad en las rendiciones de cuentas, alertando sobre la falta de registros públicos claros que acrediten las transferencias de estos activos a las arcas venezolanas o a cuentas en custodia internacional.
El debate sobre el flujo financiero adquiere especial relevancia en el contexto geopolítico actual, donde el Ejecutivo de EE. UU. canaliza las divisas mediante mecanismos bajo supervisión del Departamento de Estado. Mientras el Gobierno venezolano afirma que la transferencia efectiva de capitales ha sido limitada a desembolsos parciales, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense exige auditorías independientes a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) sobre las licencias comerciales otorgadas a firmas internacionales.
La investigación parlamentaria continuará con la citación de funcionarios del Tesoro y del Departamento de Estado para remitir informes trimestrales detallados sobre los saldos intervenidos. Las conclusiones de este proceso fiscalizador definirán el futuro de los mecanismos de custodia financiera y el impacto directo de estos fondos en la estabilidad económica de la región.