La mandataria de Chihuahua responde a la investigación por un operativo en la sierra Tarahumara y confirma que su administración atenderá los requerimientos federales
Chihuahua, Chih., 05 de mayo de 2026.— La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, expresó inconformidad por los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) a 50 funcionarios estatales, en el marco de la investigación derivada de un accidente ocurrido el pasado 21 de abril en la sierra Tarahumara, municipio de Morelos.
El hecho, que dejó víctimas mortales, expuso la participación de al menos dos presuntos agentes de la CIA durante un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, situación que ha generado cuestionamientos por una posible vulneración a la soberanía nacional.
Ante este contexto, la mandataria estatal señaló lo que considera un trato diferenciado en la forma en que se abordan distintos casos a nivel nacional. En sus declaraciones, contrastó las críticas dirigidas hacia su administración con la postura adoptada frente al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Campos sostuvo que su gobierno ha sido señalado por acciones enfocadas al combate del narcotráfico, mientras que, dijo, en otros casos las autoridades han mostrado respaldo. “A uno se le cuestiona por actuar contra estos delitos y a otro se le respalda”, expresó.
Reconoce requerimiento formal
Sobre su posible comparecencia, la gobernadora confirmó que existe un requerimiento oficial por parte de la FGR y aseguró que será atendido conforme a lo establecido por la ley. No precisó si acudirá personalmente, aunque dejó claro que su administración dará respuesta institucional a las solicitudes federales.
Este episodio ocurre días después de que la titular del Ejecutivo estatal evitara confirmar su asistencia a una comparecencia convocada por el Senado, en torno al mismo tema.
Contexto político y federal
La situación también se da en medio de señalamientos desde el ámbito federal. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo público que la gobernadora no respondió a una llamada telefónica relacionada con estos hechos, considerados por autoridades federales como posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
Mientras avanzan las indagatorias, el caso mantiene la atención sobre la coordinación entre niveles de gobierno en operativos de seguridad y la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional.
