En un movimiento que redefine la relación entre Estado e industria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, formalizó el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, estableciendo que las obras públicas prioricen el uso de acero producido en el país.
El pacto, que involucra a 19 instituciones públicas y tres cámaras empresariales, busca fortalecer la capacidad productiva nacional frente a un entorno global complejo, apostando por sustituir importaciones y frenar prácticas desleales.
Raquel Buenrostro Sánchez destacó que el acuerdo impulsa empleo, crecimiento e industrialización, mientras Marcelo Ebrard Casaubon subrayó que no solo importa el precio, sino el origen del acero.
Como parte del esquema, Hacienda activará financiamientos con incentivos para proyectos que integren insumos nacionales, alineando la inversión pública con el fortalecimiento interno.
La industria siderúrgica, estratégica para el país, sostiene cerca de 90 mil empleos directos y concentra inversiones por más de 8 mil millones de dólares, destacó Sergio de la Maza Jiménez, titular de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero.
El sector privado se comprometió a garantizar calidad, abasto y precios competitivos, además de incorporar criterios que favorezcan el contenido nacional en licitaciones.
El impacto alcanza al sector vivienda: Carlos Ramírez Capó destacó inversiones por 640 mil millones de pesos, mientras Luis Rafael Méndez Jaled subrayó que la construcción consume cerca del 60% del acero nacional.
El acuerdo prevé mesas técnicas y encuentros de negocio para alinear el poder de compra del Estado con el desarrollo interno, bajo una premisa clara: lo que se produce en México debe consumirse en México, sin cerrar la puerta a insumos especializados.
Así, el acero se consolida como pieza clave de política pública: un instrumento para fortalecer el mercado interno, sostener empleos y apuntalar el desarrollo productivo del país.
