Después de más de cuatro décadas de trayectoria en el servicio educativo, la maestra Ma. Isabel Amaro Gutiérrez mantiene una gestión abierta ante instancias estatales para que se le reconozca el estímulo correspondiente a 40 años de servicio, beneficio que —según sostiene— constituye un derecho laboral establecido y no un apoyo sujeto a concurso o convocatoria extraordinaria.
La docente expone que el trámite no se concretó dentro del periodo administrativo previsto debido a un desfase de un mes con quince días, situación por la cual se le ha informado que ya no puede acceder al procedimiento, pese a que se trata de una partida presupuestal existente dentro del subsistema de escuelas normales.
De acuerdo con su planteamiento, el estímulo no debería considerarse cancelado por un criterio de temporalidad administrativa, ya que corresponde al cumplimiento efectivo de años de servicio acumulados en el sector educativo.
En busca de una solución, la maestra acudió a oficinas de atención ciudadana, así como a dependencias vinculadas con la Secretaría General de Gobierno, donde asegura haber recibido respuestas dispersas y canalizaciones entre distintas áreas sin una resolución concreta.
La inconformidad gira en torno a que, pese a existir antecedentes de atención a casos similares en administraciones anteriores, actualmente no se le ha autorizado el procedimiento para formalizar el reconocimiento.
El caso vuelve a poner sobre la mesa las dificultades administrativas que enfrentan trabajadores del sector público al momento de gestionar derechos adquiridos, particularmente cuando los procesos dependen de interpretaciones internas sobre plazos y validaciones burocráticas.
Mientras espera respuesta institucional, la docente solicita apoyo para que el trámite sea revisado y se determine si el beneficio puede ser reconocido conforme a los años efectivamente laborados dentro del subsistema normalista.
