Ciudad de México, 1 de agosto de 2025 — En el marco de la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, lanzó una polémica declaración al afirmar que el 70 por ciento de las extorsiones telefónicas del país tienen su origen en el penal de Altamira, ubicado en el estado de Tamaulipas.
Durante su participación, el mandatario nuevoleonés presumió los avances en materia penitenciaria dentro de su estado, asegurando que gracias a la instalación de inhibidores de señal, en los centros de reclusión de Nuevo León ya no se realizan llamadas de extorsión, un delito que ha sido históricamente vinculado con penales de mediana y alta seguridad en todo el país.
García Sepúlveda sostuvo que la estrategia de su gobierno ha sido contundente para combatir el delito desde el interior de los penales. “Hoy podemos decir que en Nuevo León se acabaron las extorsiones desde prisión. Hemos blindado las cárceles con tecnología y disciplina”, señaló.
Además de sus señalamientos hacia el sistema penitenciario tamaulipeco, el gobernador informó sobre otros logros de su administración, como la creación de 2 mil 106 nuevos espacios en el penal de Apodaca, una reducción del 88% en el consumo de sustancias ilícitas, y la aplicación de estrictos protocolos de seguridad.
Las declaraciones de Samuel García generaron diversas reacciones, ya que apuntan directamente a un penal bajo la administración del gobierno de Tamaulipas; La denuncia pública pone sobre la mesa un viejo problema del sistema penitenciario mexicano: la falta de control real en algunos centros de reclusión, y la facilidad con la que se siguen cometiendo delitos desde el interior de las cárceles.
Especialistas en seguridad consideran que este tipo de afirmaciones deberían estar respaldadas por datos verificables y cooperación interinstitucional, en lugar de convertirse en declaraciones unilaterales que pueden tensar relaciones entre entidades federativas.
Por ahora, las miradas se centran en Altamira, pero también en la capacidad de los gobiernos estatales para enfrentar un fenómeno que trasciende fronteras estatales y exige soluciones de fondo.
