Ciudad de México.– Con un mensaje contundente y una acción sin precedentes, el Gobierno de México anunció el bloqueo de 13 casinos en distintas entidades del país por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, entre ellos dos establecimientos propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.
La medida, encabezada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), forma parte de una estrategia nacional para cerrar los canales financieros del crimen organizado y proteger la integridad del sistema económico mexicano.
De acuerdo con los reportes oficiales, los establecimientos señalados registraron movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, y el uso de personas con perfiles económicos incongruentes como prestanombres para dispersar los recursos ilícitos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precisó que la intervención no responde a intereses particulares, sino a una política de Estado orientada a garantizar la transparencia y combatir la impunidad financiera, sin distinción de nombres o posiciones empresariales.
En respuesta, Grupo Salinas calificó la acción como “acoso político” y defendió la legalidad de sus negocios; sin embargo, las autoridades federales subrayaron que el objetivo es impedir que los casinos se utilicen como instrumentos para el lavado de dinero y fortalecer los mecanismos de supervisión.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el gobierno implementará modelos de inteligencia artificial para identificar patrones inusuales de operación, anticipar posibles delitos financieros y agilizar la detección de redes de lavado.
Los casinos bloqueados se encuentran en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, entidades donde se han detectado anteriormente flujos atípicos relacionados con actividades ilícitas.
En esta nueva etapa, el gobierno federal busca cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. El mensaje es claro:
“Ningún empresario, por poderoso que sea, está por encima de la ley.”
Con acciones firmes y supervisión tecnológica, México avanza hacia un sistema financiero más limpio, transparente y justo, donde la riqueza legítima no se confunda con la proveniente del delito.
