Washington, D.C. — En una decisión que reconfigura las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Brasil, el expresidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva para imponer aranceles del 50% a productos brasileños, en lo que su administración considera una respuesta a una «emergencia económica», respaldada legalmente bajo una ley de 1977.
La medida, que revive el estilo unilateralista que caracterizó su primer mandato, llega tras semanas de advertencias dirigidas al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Aunque inicialmente la amenaza se justificaba por desequilibrios comerciales, el superávit comercial de EE.UU. con Brasil —calculado en 6 mil 800 millones de dólares en 2024— desinflaba ese argumento. Por ello, la nueva orden cambia la narrativa: ahora se basa en lo que Trump califica como una ofensiva judicial brasileña contra la libertad de expresión y el enjuiciamiento “políticamente motivado” del expresidente Jair Bolsonaro.
En un comunicado, la Casa Blanca acusó al poder judicial brasileño de “coaccionar a empresas de redes sociales” y limitar la libertad de sus usuarios, aunque sin nombrar directamente a las plataformas implicadas, entre las que se presume estarían X (antes Twitter) y Rumble.
En paralelo, el Departamento del Tesoro de Trump anunció sanciones contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien acusa de censura y represión judicial. De Moraes es el principal magistrado encargado del caso penal contra Bolsonaro, quien es investigado por intentar desconocer los resultados de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Lula.
Esta ofensiva política y económica se alinea con la narrativa que Trump ha sostenido desde su derrota electoral en 2020, mostrando una clara simpatía con Bolsonaro, con quien comparte paralelismos ideológicos y judiciales. Ambos han sido acusados de intentar revertir sus respectivas derrotas electorales.
El 18 de julio, el Departamento de Estado también había anunciado restricciones de visa para funcionarios judiciales brasileños, incluido el propio De Moraes, ampliando así la presión contra el sistema de justicia brasileño.
Estas acciones marcan un giro delicado en las relaciones bilaterales, en un momento en que ambos países enfrentan tensiones internas y retos a sus sistemas democráticos. La medida ha generado reacciones mixtas tanto en Washington como en Brasilia, donde se teme un posible efecto dominó en la economía y en la estabilidad institucional del país sudamericano.
